En relación a las Instrucciones y Circular de la Dirección General de Promoción Educativa de la Consejería de Educación de Madrid por las que se regula la contratación de:

Promotoras de igualdad de oportunidades, Monitores de Refuerzo y Apoyo escolar y  Mediadores Sociofamiliares, emitidas en Diciembre de 2006; la Asociación Madrileña de Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (AMPTSC) quiere poner de manifiesto las siguientes consideraciones:

Nos parece acertado, por necesario, que nuestras Administraciones Públicas tengan en consideración las necesidades sociales y educativas del alumnado de la Escuela Pública, que tanto tiempo la Comunidad Educativa viene denunciando, y para el que han reclamado recursos y soluciones adaptadas a la nueva realidad. Del mismo modo, estamos de acuerdo con las manifestaciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid expresadas en la presentación del Plan de Integración 2006-08: “el futuro se decide en las aulas”, ya que, reconoce la importancia de la atención a la Educación Pública en el cumplimiento de los principios de calidad y equidad.

Nos parece igualmente acertado que se impulse la plena integración laboral de los inmigrantes en la Comunidad con el lanzamiento de este Plan.

Ambas iniciativas parecen en principio positivas, no obstante, la forma de llevarlas a cabo nos parece errónea por cuestiones que detallamos a continuación:

1)     Las contrataciones de este personal han sido precipitas, no han sido consensuadas ni con los centros ni con el personal docente. La realidad de nuestros centros escolares, obliga, para dar una respuesta adecuada a las necesidades, a realizar previamente un estudio individual de las mismas para aplicar unos criterios reales que den como resultado la selección y adscripción de los profesionales idóneos y las medidas adecuadas. ¿Ha habido una prospección de necesidades? ¿Se han tenido en cuenta los criterios particulares que cada entorno presenta? Nos preguntamos cuáles han  sido los criterios para su selección y su adscripción a los centros.

2)     Existen ya una serie de programas educativos de atención a la diversidad y un perfil profesional establecido para llevar a cabo la intervención socioeducativa del alumnado, debido a ello, no tiene sentido el solapamiento de funciones.

• Nuestro perfil profesional, que aparece definido y  regulado en la Resolución de 29 de Abril de 1996 de la Dirección General de Centros Escolares sobre la organización de los Departamentos de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria, lleva ejerciendo estas funciones desde 1996 en los Centros Educativos de la Comunidad de Madrid. Anexo 1 (cuadro comparativo ce funciones)
• Los PTSCs acceden a su puesto de profesor/a a través de un Proceso selectivo de concurso-oposición que garantiza o al menos favorece la calidad de los profesionales de la Escuela Pública.
• Consideramos que este perfil (Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad) es el que debe ser potenciado por parte de la Administración Educativa para el cumplimiento de estas funciones, puesto que además de estar ya regulado y venir acumulando experiencia en este terreno, este perfil profesional incorpora diversas ocupaciones profesionales, puesto que es transdisciplinar y evita los absurdos conflictos corporativistas (puesto que somos tanto educadores/as sociales como trabajadores/as sociales, psicólogos/as, sociólogos/as, maestros/as, pedagogos/as y técnicos/as de integración social), al anteponer la cualificación profesional y la experiencia y capacidades profesionales concretas frente al corporativismo profesional abstracto (conforme a lo que establecen el Sistema Nacional y Europeo de Cualificaciones).

• Se produce confusión en la Comunidad Educativa, que no sabe a qué interlocutor tiene que dirigirse.
• Incremento de  las dificultades de coordinación con los agentes externos añadiendo una coordinación más a los numerosos recursos, programas e instituciones; cuando lo ideal sería aunar esfuerzos para conseguir un funcionamiento coherente y eficaz.
• Duplicidad de intervenciones con las familias, que puede derivar en un maltrato institucional y en el desconcierto de las mismas al no existir criterios comunes de intervención.
• Duplicidad de expedientes que entra peligrosamente en controversia con la ley de protección de datos y la privacidad de las familias.
• Nuestra labor profesional es una labor de difícil desempeño, ya que se necesita una continuidad para ganarse la confianza de las familias, convirtiéndonos en un referente positivo en las dinámicas familiares. Incorporar nuevas figuras (mediadores, promotores de igualdad) que no complementen funciones sino que las duplican, interfiere negativamente en la calidad de nuestras intervenciones profesionales.
• Debido a las dificultades que presenta ajustar las funciones y horarios de las personas contratadas, cada centro educativo opta por diferentes maneras de aprovechar el recurso, entrando en contradicción con los principios de la calidad educativa.

4)     Cada día, en nuestra labor educativa, detectamos una tendencia generalizada hacia la privatización de los servicios públicos (gestiones privadas, organizaciones diversas, subcontratas, cesiones de suelo para iniciativas privadas, etc).

En esta ocasión, que los presupuestos públicos se gasten en instituciones públicas nos parece adecuado, pero… teniendo en cuenta dónde y cómo. Ya que esta iniciativa de contratación obedece a la tendencia de externalizar servicios a menor coste y a una dudosa mayor calidad, más que a fortalecer los ya existentes.

5)     La Escuela Pública no debe utilizarse como moneda de cambio político ni para satisfacer necesidades de otros sectores. La Escuela Pública necesita y merece soluciones consensuadas con los equipos docentes, con diagnósticos contextualizados, ajustados a la realidad social y educativa del alumnado para responder a su función educativa y compensadora de desigualdades sociales desde un concepto de justicia y equidad social.

Esperamos que estas consideraciones sean tenidas en cuenta por la Administración y los organismos e instituciones correspondientes y que sirvan de reflexión para establecer un mejor aprovechamiento de los presupuestos educativos y sociales, una mayor coordinación de los recursos existentes, dar coherencia a los fines de la educación del siglo XXI y, en definitiva, para mejorar la calidad de la Enseñanza y responder dignamente a la ciudadanía.

ASOCIACIÓN MADRILEÑA

DE

PROFESORADO TÉCNICO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

ANEXO I: Cuadro comparativo de funciones